La política de “Tolerancia Cero” terminó oficialmente el 20 de junio de 2018 y una orden judicial en el caso de Ms. L v. Sessions, un caso presentado por ACLU el 26 de junio de 2018, prohibió al gobierno que continuara separando familias. Sin embargo, la orden judicial no cubre a los padres que supuestamente tienen antecedentes penales, una enfermedad contagiosa o no son aptos o son peligrosos.
Actualmente, no existen criterios específicos para definir el alcance de estas excepciones. Estas determinaciones son hechas en los puestos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sin ningún tipo de directriz, protocolos o procedimientos y sin un análisis completo del interés superior de la infancia. A veces, la Patrulla Fronteriza también separa a los padres de sus hijas e hijos si no pueden confirmar la relación familiar, o si se sospecha la existencia de tráfico humano, como lo exige la ley de Reautorización de Protección para las Víctimas de Tráfico Humano (TVPRA, por sus siglas en inglés).